Argentina: en caso de coimas, copiar a Brasil

La exitosa Operación Navaja que llevó a cabo la policía federal de Brasil pudo comprobar que una gran cantidad de funcionarios brasileños fueron responsables de desviar unos 50 millones de dólares del Tesoro en un año, mediante fraudes en obras públicas, para el cobro de coimas. Más allá de los detalles de la investigación, que se van conociendo de a poco, queda en claro que en esta ocasión el presidente Luiz Inacio Lula da Silva no tendrá contemplaciones con los funcionarios involucrados. Esto, desde ya, sin importar el cargo que ocupen en el Gobierno.
El miércoles pasado fue removido de su cargo el ministro de Energía, Silas Rondeau, y se especula que otros funcionarios involucrados en los desvíos de dinero (provenientes de la empresa Gautama) también serán obligados a dejar sus puestos. En esta coyuntura, Lula da Silva aprendió de crisis pasadas (cuando postergó las renuncias de Antonio Palocci y José Dirceu) y eliminó de su entorno a los funcionarios investigados por fraguar licitaciones públicas para la realización de obras de infraestructura y energía. Como en todos los casos de sobreprecios, siempre hay un empresario que da y una contraparte estatal que acepta los sobornos. Para Lula este caso es sensible ya que afecta su Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC), principal promesa de gestión del Gobierno para los próximos años (que prevé inversiones públicas y privadas por unos 234.000 millones de dólares hasta el 2010).

Así las cosas, el Presidente de Brasil jamás dejó que la investigación entorpeciera su agenda y se mantuvo al margen de los funcionarios investigados. Las pruebas contra Rondeau (cobro de 51.000 dólares) dejaron fuera de juego a un político que ni siquiera es de las filas del PT, el partido de Lula. El ahora ex ministro de Energía pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aliado del Gobierno y liderado por el senador, y ex mandatario, José Sarney. La actual filosofía de Lula da Silva, de no proteger a funcionarios corruptos, le permitió salir rápido de la crisis de manera prolija y, quizás, con mayor fortaleza que antes de la misma.

Algo inversamente proporcional ocurre en la Argentina. En medio de una de las crisis por corrupción más encandalosas del la historia (el caso Skanska), ningún funcionario de primera línea ofrece su renuncia. Con pruebas inobjetables a la vista, parece que nadie cobró las "comisiones indebidas" por la construcción de los gasoductos del Norte y del Sur. La estrategia inicial de comunicación, que consistía en desacreditar a la empresa Skanska y a sus pares contratantes (mediante el mensaje de "corrupción entre privados"), fue un boomerang para el Gobierno porque las pruebas posteriores demostraron las graves irregularidades en muchas de las obras ya ejecutadas. Y a diferencia de lo que ocurrió en Brasil, estos episodios afectan, en mayor medida, al presidente Néstor Kirchner. Este cuadro de situación se parece más a la primer crisis de Lula da Silva (cuando trató de proteger a su jefe de Gabinete, José Dirceu, acusado de solicitar fondos indebidos para el partido gobernante) y puede debilitar aún más la imagen presidencial si la investigación queda estancada.
El Gobierno argentino podrá ofrecer cientos de versiones sobre este hecho, pero la opinión pública sabe que hubo sobornos y la credibilidad general dependerá de quién se haga cargo del cobro de esas sumas. Luiz Inacio Lula da Silva se equivocó y aprendió. Ese es el mejor ejemplo que puede tomar el Gobierno del presidente Kirchner.